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Por suerte, el Estado español está sometido al paraguas normativo de la unión europea en materia de contratación administrativa, pero el efecto diferenciador a nivel de tasas portuarias es incalificable.
El cálculo de las tasas portuarias depende de si se está en una instalación de un puerto de interés general – que depende de Puertos del Estado- o de un puerto dependiente de la Comunidad autónoma.
En este segundo caso si se trata de un puerto gestionado directamente, o indirectamente, o en una dársena o de un puerto gestionado íntegramente por un concesionario.
Y obviamente en estos 4 supuestos se complica por todas las comunidades autónoma, o si los cálculos del canon se calculan en base a la ley de costas según a que administración se liquiden.
Ante tal variedad, no es de extrañar que para obtener un resultado recaudatorio similar para las arcas públicas, el empeño en seguir procesos administrativos y legislativos distintos tenga su riesgo.
Estas navidades, ha sido la Junta de Andalucía, la que se ha llevado el disgusto de sufrir un golpe judicial al anularse el Decreto 368/2011 que establecían las tasas por servicios portuarios.
Esta situación no conduce a nada positivo. Los concesionarios tendrán derecho a solicitar devolución por ingresos indebidos, y es de presuponer que las tasas de los ejercicios posteriores a 2013 estarán afectadas por el mismo efecto anulatorio.
Para el presidente de la Asociación Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, esto es un hecho sin precedentes que denota claramente la inoperancia y el interés recaudatorio que siempre ha perseguido la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. “Esta sentencia supone que todos los que han pagado cualquier tipo de tasas portuarias tienen su derecho legítimo a solicitar la devolución”, señala. Así lo venían advirtiendo desde Marinas Andalucía desde hace años.
A partir de aquí, la ley de presupuesto para 2018 de la comunidad autónoma andaluza vuelve a generar diferencias en las bonificaciones que se aplican en la tasa T5 según el gestor.
Tal vez, en aras a una claridad normativa, seria el momento de llegar a un entendimiento definitivo entre la Administración Portuaria Andaluza y la patronal de puertos deportivos Marinas del Mediterráneo y zanjar las diferencias que acaban afectado al usuario que no sabe ni que paga, ni por qué servicios paga, ni como se calculan los costes de dichos servicios.
Jaume Prats
609 81 35 10
