Si Ley de Puertos de Baleares se aprueba en términos similares a los del borrador propuesto por el Govern y cuya tramitación ya ha sido iniciada la náutica de recreo en dicha comunidad estará de enhorabuena. La Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares (ANADE) se muestra satisfecha porque, por primera vez, el sector privado ha sido consultado por la administración y ha podido exponer sus inquietudes y proponer mejoras en la ley, lo cual ha dado lugar al necesario consenso que requiere una norma tan importante para la economía de las Islas. En este sentido, cabe destacar la disposición a negociar de los responsables políticos del organismo Ports IB, que ejerce la competencia sobre los puertos autonómicos.
“Las soluciones propuestas en la Ley para los barcos abandonados y la morosidad van a ayudar mucho a la gestión en los tiempos que corren, así como la adaptación del texto a lo que establece la norma de Puertos del Estado sobre la duración de las concesiones, que han pasado de 30 a 35 años, incluyendo aquellas que ya se habían adaptado a la ley balear de 2005”, explica Carlos Gelabert, gerente de ANADE.
El Parlament rechazó el pasado martes una enmienda a la totalidad del proyecto de modificación de la Ley presentada por el Grupo Socialista, dando traslado a la Comisión de Turismo para que continúe con su tramitación. ANADE confía en que el debate de las enmiendas parciales sirva para enriquecer el proyecto y sentar las bases de una ordenación portuaria que permita potenciar el turismo náutico desde los puertos deportivos, una actividad que cada vez más agentes económicos consideran “estratégica” para las Islas.
Por otro lado, la Junta Directiva de ANADE ha seguido manteniendo contacto con las diferentes instituciones de las Islas para trasladar las reivindicaciones de sus asociados. La última reunión tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo con el presidente del Consell de Menorca, Santiago Tadeo, y la consellera de Turismo de Menorca, Salomé Cabrera. En el encuentro se trataron temas como las prórrogas concesionales, la exención del impuesto de matriculación al charter y el impacto económico del sector náutico, entre otros.
