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El pasado mes de septiembre la señora Virginia Raggi, sindaco –alcalde- de Roma, anunció oficialmente que la ciudad que preside renunciaba a postularse para organizar los juegos olímpicos de 2024. El asunto fue ampliamente argumentado y resumido en un twit en el que se leía, traduzco: Es irresponsable decir sí a estas olimpiadas. No a las olimpiadas del ladrillo.
La decisión, muy contestada en Italia, es de una gran importancia, pues pone en evidencia todo el sistema olímpico, justamente en un momento en el que se pretendía introducir cambios de gran calado. Les resumiré algunos. Seguramente el más importante es que el Comité Internacional Olímpico (CIO) va a cambiar el sistema de atribución de los juegos, sustituyendo las candidaturas por un método de invitación. Será el CIO quien “invite” a determinadas ciudades a postularse como organizadora de los Juegos.
Se argumenta que con este nuevo sistema se evitará que ciudades sin ninguna posibilidad organicen candidaturas gastando un dinero –público- que no tienen.
También se eliminarían así desastres antes, durante y después de la celebración de los actos deportivos. Paradigma de estas situaciones indeseadas es el caso de Atenas 2004, con un coste económico insoportable para el país y una gran parte de las instalaciones construidas al efecto totalmente infrautilizadas, cuando no en un estado deplorable de conservación. Menos cruel hubiera sido el rescate griego sin juegos. También Río 2016 es un buen ejemplo de fasto y gasto donde no se tiene, con manifestaciones populares contrarias al acontecimiento y la caída en desgracia de la presidenta del país, Dilma Rousseff. Tal vez sin juegos doña Dilma seguiría en su puesto.
Otro cambio sustancial que se podría ver en próximas convocatorias es el de las sedes compartidas. No me refiero a una sede principal y varias subsedes, como puede ser el Caso de Barcelona 1992, donde hubo baloncesto en Badalona, piragüismo en la Seu d’Urgell, etc. O el caso de Atlanta 1996, donde Savannah fue la subsede de vela, no. De lo que se trata es que sean dos las ciudades organizadoras y, además, sin problema aún si son de países distintos. Por ejemplo, Tijuana y San Diego. O Hamburgo-Copenhague, si bien este último dúo parece menos probable, después que los habitantes de la ciudad alemana rechazaran organizar los juegos de 2024 mediante un referéndum.
Otros cambios de importancia consisten en la implementación de métodos de control de la gestión y el gasto, haciendo totalmente transparentes estos asuntos. Y viables. Y es aquí donde está la madre del cordero: quién pone el dinero y quién se lo lleva. Las administraciones públicas ponen dinero. Dinero que obtienen de impuestos y tasas, pero la mayor parte de los ciudadanos que apoquinan no percibe los beneficios y tienen otras prioridades.
El argumento de los incontables beneficios para la ciudad organizadora lleva ya un tiempo en entredicho. Les pondré unos ejemplos. En Montreal, ciudad importante en un país de notable calidad democrática, el presupuesto se superó en más del 700 %. Los juegos de Londres 2012 se presupuestaron en 2.400 millones de libras pero el gasto superó los 9.000. Algunas fuentes dicen que el doble. La desviación presupuestaria media desde que se estudian estos asuntos es del 167%. ¡Venga! ¡Que no falte de nada! Roma sigue pagando el gasto de los juegos que ya se organizaron en la capital italiana en 1960. Roma cuenta con más de un centenar de instalaciones deportivas públicas que se caen de pura falta de mantenimiento, por falta de dinero. La deuda municipal se sitúa en torno a los 13.000 millones de euros. Si lo quieren trasladar a liras les faltarán ceros…
El argumento de los beneficios que aporta el retorno publicitario es una auténtica memez. Roma es una de las ciudades más conocidas del mundo, destino turístico por antonomasia. ¿Piensan ustedes que quieren más turistas? ¡Pero si ya no caben!
Todo esto en medio de un panorama en el que los ingresos por publicidad y derechos de televisión no han dejado de crecer. Subvenciones públicas, publicidad y derechos de televisión son las fuentes principales en cuanto a ingresos. Las entradas a los recintos son lo de menos, si bien los precios para acceder a las ceremonias principales y a determinadas finales son prohibitivos.
La cadena estadounidense NBC ha comprado los derechos de los próximos seis juegos (2022 a 2032) por 7.650 millones de dólares. Solo para los Estados Unidos. Y espera hacer negocio. Los juegos de Pekín los compró por 893 y ganó más de 1.000. Y así en cada país y continente. Estos derechos eran del 4% para el CIO en 1990 y son ahora del 70%. El resto para el organizador.
Otro dato: el caso español. TVE compró los derechos de Río por 50 millones. Barato. Pero no tanto si se tiene en cuenta que también pagó 35 millones por los juegos de invierno. Yo ya no recuerdo ni dónde fueron. Lo tengo que buscar por Internet. 85 millones a los que hay que sumar los gastos de enviar a toda la tropa de profesionales y políticos al país anfitrión. 3 ó 4 millones más.
Pero no sé si han caído en la cuenta que TVE no tiene anuncios. Y es más: los programas ordinarios de las cadenas privadas superaron el share de TVE en las mismas franjas horarias. Programas como Sálvame… Todos los expertos coinciden en asegurar que serán los últimos juegos que veremos por televisión sin pagar.
Así las cosas, Roma no puede; Hamburgo no quiere, y la guinda de este pastel es el aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo que tenían que celebrarse el año que viene en Tarragona. El argumento es la falta de dinero. No he visto a los ciudadanos de Tarragona sumidos en la depresión después de conocer la noticia. Alguno igual se siente aliviado…
¿Y cuánto dinero falta? Entre 9 y 12 millones de euros, según las fuentes, dinero que tenía que poner el gobierno de España. Y si ahora suben unas líneas leerán que TVE gastó 35 en los derechos de televisión de los últimos juegos de invierno. ¿No va siendo hora de establecer prioridades?
