La primera mesa redonda del III Simposio de Clubes Náuticos puso de manifiesto las diferentes políticas portuarias que se aplican dependiendo de la comunidad autónoma, hasta el punto de que uno de los asistentes consideró, durante el turno de preguntas, que “parecen planetas distintos”.
Mientras que en la Comunidad Valenciana hay actualmente once clubes que no saben si podrán sobrevivir, al no tener garantizada la ampliación de su concesión, el Gobierno de Murcia aseguró, por medio de su director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, su disposición “firme e inequívoca” a apoyar a los clubes náuticos para que puedan disfrutar de nuevas concesiones de larga duración “Como mínimo de 15 años, y si pueden ser 25, mejor”, afirmo tajante Díez de Revenga. “Nos gustan los clubes náuticos por su labor social y por ello ofrecemos reducciones de los cánones de un 35% a aquellos que realicen regatas y apuesten por la promoción de la cultura medioambiental”.
El responsable de los puertos murcianos fue ovacionado por el auditorio al declarar que a su gobierno le “gusta estar del lado de los empresarios”, al considerar que la gestión privada es “más eficiente”. “El sector privado nos aporta conocimiento sobre la gestión, de ahí que hayamos creado una Mesa Náutica para poder debatir las mejoras del sector con sus principales actores”.
Algunos municipios de la Comunidad de Murcia ya están aplicando un plan de colaboración con los clubes náuticos para que la vela “esté en los colegios” con una actividad de una hora semanal. De las 18 puertos autonómicos, nueve se han acogido a una instrucción de la ley regional para renovar sus concesiones y la tramitación de tres de ellos se encuentra muy avanzada.
Otra diferencia sustancial entre los territorios costeros españoles se aprecia en la ocupación. El área mediterránea se caracteriza por su gran demanda, mientras que en Galicia, por ejemplo, la ocupación de los puertos deportivos va en franco retroceso. Así lo advirtió José Ignacio Villar, director de Portos de Galicia, quien consideró que la “ola de la crisis” está llegando ahora a esta comunidad autónoma. “El problema de los concesionarios no es que no tengan plazo, sino que no pueden cumplir con sus obligaciones económicas” porque los barcos no están en el agua, sino guardados en tierra la mayor parte del año.
Villar afirmó que los proyectos de ampliación de plazo tienen un talón de Aquiles en sus “memorias económicas financieras” y abogó por que éstas sean objeto de auditorias externas para garantizar la viabilidad de los proyectos y el pago de los cánones acordados.
El caso balear
Por su parte, el gerente de la empresa pública Ports IB, que gestiona los puertos autonómicos de Baleares, señaló que de los 29 puertos (20 clubs náuticos y 9 marinas) de gestión indirecta, tan sólo quedan dos para adaptarse al temible “efecto 2018” y se prevé que antes de finalizar este ejercicio se firmen estos últimos títulos concesionales.
Puigdengoles aseguró que en Baleares “tenemos los deberes hechos” y que las claves de dicha adaptación, que se inició en 2006, han sido “convertir el problema en una oportunidad, aplicar de manera uniforme el proceso previsto en nuestra Ley de Puertos de 2005 con independencia de los cambios políticos de legislatura y conseguir un consenso con todas las asociaciones del sector náutico”, entre otros.
En su opinión, el sistema portuario balear es un referente y una pieza fundamental en el motor económico de las islas. Por ello considera fundamental que en un futuro se imponga el modelo de gestión de los clubes, que además es “interesante y defendible desde el punto de vista normativo”.
En el lado opuesto está la comunidad de Andalucía, donde la situación “es ciertamente complicada ya que a tan sólo 10 meses ningún puerto concesionado se ha adaptado a la Ley de Puertos”, según ha expuesto José María Rodríguez, responsable del Foro de Puertos Autonómicos de la Asociación Internacional de Derecho Portuario.
Rodríguez se ha mostrado muy crítico con la inacción de la administración estatal y autonómica por cuanto “ha prevalecido la malentendida prudencia política sobre la defensa de la seguridad jurídica”. “No ha habido determinación por el riesgo futuro de litigiosidad”, ha apuntado, al tiempo que ha apelado a que “administraciones y operadores se sienten a hablar y se establezca una hoja de ruta”.
Valoraciones de los puertos valencianos
Carlos Domingo Soler, director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Comunidad Valenciana, aseguró hoy, en el transcurso del III Simposio de Clubes Náuticos, que las valoraciones de los puertos deportivos de esta autonomía ha sufrido una bajada media del 37%, lo que en teoría deberá repercutir en las actualizaciones de los cánones que pagan los clubes náuticos si éstos consiguen renovar sus concesiones.
Según explicó Domingo, las razones de este descenso en el valor de las instalaciones son diversas, y se refirió, entre otras, a la depreciación de las infraestructuras, la reducción de la ocupación y el aumento de los costes de la obra nueva.
Los once clubes náuticos de la comunidad valenciana que se hallan a la espera de renovar su concesiones administrativa esperan que, a raíz del anuncio hecho por el responsable de obras públicas, la administración les rebaje el canon que están pagando por sus autorizaciones de ocupación temporal, calculados a partir de una valoración sobredimensionada de los puertos anterior a la caída del 37%. Carlos Domingo Soler explicó que dicha cuestión será resuelta por los servicios técnicos y jurídicos de la comunidad, al haberse presentado varios recursos al respecto.
