ACNB, ANADE, PDAB, Comisión de chárter de APEAM, AENIB y ADN, todas las asociaciones náuticas de Baleares, han reclamado a la Ministra de Fomento Ana Pastor, a través de una carga, de la incompatibilidad de doblar el precio de la T0 y decir al mismo tiempo que se apoya a la náutica deportiva
Se alerta de las consecuencias negativas que tendrá para el conjunto del sector (marinas, clubes náuticos, empresas náuticas y alquiler de embarcaciones) y para el turismo en general la aplicación de la subida de hasta un 100% en la tasa de embarcaciones recreativas, la conocida como T0.
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La carta, firmada por el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), Miquel Suñer, pide a la ministra Pastor, como máxima responsable del Ministerio de Fomento, que reflexione sobre la manifiesta injusticia de una medida que ha sido adoptada sin consultar a los empresarios y que “afectará de manera grave a la competitividad de uno de los sectores más en auge de nuestra economía”.
Además de la ACNB, el mensaje cuenta con el apoyo de la Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares (ANADE), la entidad Puertos Deportivos de Baleares Asociados (PDBA), la Comisión de Charter Náutico de la Asociación Provincial de Empresas Marítimas (APEAM), la Asociación de Empresas Náuticas de las Islas Baleares (AENIB) y la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN). Ello supone la totalidad del sector afectado por la subida de la T0.
En la carta, el sector náutico balear desmonta la tesis de Fomento para justificar el incremento y lamenta que éste se haya decidido de manera “unilateral”, sin consenso y sin posibilidad de audiencia. “Este hecho debería ser suficiente para que el Gobierno al que usted representa se replanteara la medida contra un sector que ha sido un leal aliado del país en estos años difíciles, manteniendo con mucho esfuerzo las estructuras de sus plantillas de trabajadores y luchando por generar productos que contribuyan a la creación de empleo y riqueza”, lamentan las patronales, que califican de “dejadez imperdonable” el ninguneo de las actoras que representan la industria náutica.
Las empresas náuticas ven una evidente incompatibilidad entre la T0 y los mensajes de apoyo del presidente José Ramón Bauza al sector náutico, y niegan que dicha tasa, que grava la mera tenencia de un barco de recreo, tenga justificación alguna.
“Hasta su último incremento –plantea la carta a Pastor–, la T0 se justificada en las ayudas a la navegación que prestan las Autoridades Portuarias, tales como balizamientos y dispositivos de señales visuales y acústicas, pero resulta obvio que dichos dispositivos, en caso de ser de utilidad, lo serían para todos los barcos, no sólo los recreativos; por otro lado, dicho servicio es, por decirlo en lenguaje llano, bastante inútil en una época en que la navegación se realiza a través de posicionamiento por satélite”.
Las asociaciones sectoriales califican de “absurdo” que el Gobierno y la APB hablen de privatizar la gestión de los faros al mismo tiempo que pretenden cobrar por ellos a los propietarios de barcos de recreo. “¿Por qué se exige a los navegantes que mantengan instalaciones cuyo mantenimiento se pretende amortizar por medio de concesiones a empresas turísticas o de oferta complementaria?”, se preguntan, para a continuación hacer constar, como argumento principal, que “en ningún caso los usuarios del mar deberían pagar unos sistemas de señales que apenas usan, cuando los conductores de vehículos terrestres no pagan, que se sepa, tasa alguna por los semáforos que sí utilizan”.
En cuanto a la supuesta ampliación de los servicios de la T0 para el mantenimiento de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (SASEMAR), las asociaciones adheridas a la carta advierten a la ministra de que se trata en realidad de la “creación de facto de una nueva tasa” para cubrir una prestación que compete al Estado y que subsidiariamente debería ser asumida por quienes hagan uso de los medios de rescate, “como de hecho ya sucede”.
“Lo que no se puede hacer –agregan las patronales– es aprobar un incremento a voleo (siendo éste, además, del 100%) sin estudios previos, sin memoria económica-financiera y sin demostrar, en definitiva, que el aumento es equivalente al coste del servicio. Dichos dictámenes no existen o no se han hecho públicos, lo que no cabe descartar sabiendo el modo en que los miembros del sector hemos sido tratados en este proceso”.
Para concluir, en el documento se pide a la ministra Pastor que se ponga en el lugar de los puertos deportivos que deben hacer de intermediarios para el Estado, recaudando una tasa que ha doblado su precio de un año para otro, cuando los turistas náuticos, indignados por lo que consideran un abuso, les dicen que “no piensan volver a recalar en un puerto español en su vida”.
