La jornada sobre la Ley de Costas y el Frente Marítimo se inauguraba con la intervención de D. Josep Oriol, decano del colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (donde se celebró el debate); y D. Pau Nobell, presidente de ACTU. El programa se dividió en dos mesas redondas; la primera referida al litoral y la segunda a la ley de costas y los puertos.
Don Agustín Sánchez Arcilla, director del laboratorio de ingeniería marítima, planteó la realidad de nuestro litoral con las reducciones de cotas y de planta que están sufriendo nuestras costas en los últimos decenios, el cambio sutil de la dirección del oleaje y la falta de aportación de arena.
D. Manuel Novoa, ingeniero de caminos, expuso los antecedentes históricos que han configurado los derechos sobre la costa, iniciando la exposición con la autorización para la construcción del puerto de Barcelona en 1438 por Martin el Humano, pasando por el decreto de nueva planta de 1714, las leyes de puertos de 1880 y 1928 y la “ley Cambó” de 1918. Acabó su exposición con una revisión de los derechos de particulares y el interés público, e invitando al trabajo conjunto de las administraciones locales, autonómicas y estatales.
La sesión se completaba con una mesa redonda específica sobre ley de costas y puertos moderada por el ingeniero D. Ramon Arández a la que he sido gentilmente invitado. Dña. Ana Maria Castañeda, y Dña. Rosa Busquets, por parte de la Administración estatal y autonómica respectivamente, expresaron su postura –distante- sobre la constitucionalidad de la norma, en especial en la fijación de los usos en playas, puertos adscritos, y la regularización de las urbanizaciones marítimo terrestres. La representante de la Administración local en la mesa, la Sra. Gloria García del Ayuntamiento costero de Vilanova i la Geltrú, recalcaba la fuerza económica que se genera desde el puerto a partir del Club Náutico, el varadero, gestión de grades esloras, área comercial, y zona pesquera a través de una planificación de usos.
Por parte del público presente se indicó la injerencia en las competencias municipales que tiene la llamada cláusula anti-algarrobico, la necesidad de la gestión integral de la costa, la necesidad de publicidad y transparencia de las concesiones existentes.
D. Tomas Gallart, Presidente de la ACPET mostró la necesidad de adaptar las instalaciones a un usuario de edades entre 60 y 70 años y el potencial económico de las infraestructuras portuarias.
En un aspecto positivo, la reforma por ley 2/2013 de la ley de costas resuelve el efecto 2018, permite prórrogas en las concesiones, pero parece que no reducirá la litigiosidad que en tema de deslinde se ha producido en los últimos años. Por último, el cambio sutil de la fórmula de cálculo de los cánones puede llevar a un incremento de los mismos.
Todos estamos a la espera de la aprobación del Reglamento en manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Jaume Prats
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