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La náutica es una actividad con potencial económico. España tiene 7.900 km de costa y la estrategia actual del sector es facilitar el acceso de nuevos usuarios a las actividades marítimas de recreo
En el último foro náutico de Marbella se reunió en una misma mesa a representantes de las administraciones portuarias de las comunidades de Andalucía, Canarias, Valencia, Galicia, Baleares y Murcia; también acudieron representantes de Puertos del Estado que consideran la náutica de recreo como un elemento básico de integración y reutilización de las viejas dársenas con la ciudad, y su entorno.
Políticas divergentes en materia de puertos
Recordemos que las competencias legislativas en materia de puertos deportivos están traspasadas a las comunidades autónomas. De la exposición de la seis comunidades presentes antes mencionadas sorprendió que no hay similares criterios entre las distintas administraciones para regular sobre una misma realidad, ni similares cálculos de las tasas.
Es difícil determinar si un servicio de amarre se hace por Puertos del Estado, por un puerto autonómico, y si es en gestión directa o gestión indirecta; si se ha de pagar alquiler, o si se puede comprar el amarre; si no se han de pagar tasas y en qué casos el concesionario es sustituto del contribuyente y necesariamente ha de repercutir.
Las regulaciones de cada instalación son diferente según la comunidad autónoma; aun peor, dentro de cada comunidad autónoma las regulaciones de cada puerto son diferentes, es decir, es difícil distinguir la regulación que hay entre dos puertos vecinos.
Para un usuario medio es imposible saber qué norma rige la concesión en la que tiene el amarre, si es un contrato de gestión o de concesión de obra pública o una concesión demanial. Ni si la concesión será prorrogable.
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La actividad náutica, en lo referente a puertos de recreo, tiene nueve regulaciones distintas en prácticamente un único mercado.
Ante este panorama, seria relevante una Dirección General De La Náutica que integre las necesidades de las instalaciones, adopte medidas que faciliten potenciar la actividad y desarrollo económico del entorno, y que proteja al usuario.
La ley de navegación marítima reguló someramente el contrato de alquiler de embarcaciones, y ha sido útil.
Tal vez en la próxima legislatura podría pensarse en generar una regulación del contrato de servicio de amarre y unificar reglamentos.
Jaume Prats
BA advocats
Tfno: 93.488.10.50
