Las empresas baleares de alquiler de embarcaciones de recreo, integradas en la Comisión de Chater Náutico de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), aseguran estar “al borde del colapso” como consecuencia del intrusismo, la elevada fiscalidad, el exceso de celo en los controles de las flotas y la nula sensibilidad de las instituciones públicas encargadas de regular este sector.
José María Jiménez, empresario y presidente de la citada Comisión, asegura que a la mayoría de empresas radicadas legalmente en Baleares les queda “muy poco oxígeno” y reclama medidas urgentes para frenar el “intrusismo” de sociedades extranjeras que aprovechan las lagunas de la legislación sobre matriculación de embarcaciones en lista sexta (destinadas a alquiler) para operar en unas condiciones de “evidente competencia desleal” en aguas del archipiélago balear.
También denuncian la “piratería” de particulares que, sin cumplir unas mínimas normas de seguridad, sin estar sometidas a ningún control y sin pagar impuestos, ofrecen sus servicios ilegales a través de páginas web ante la indiferencia de las autoridades.
“No entendemos que está pasando en Baleares”, explica Jiménez. “Por un lado estamos viendo como año tras año se reduce la flota de las empresas chárter mallorquinas, algunas de las cuales tienen graves problemas de viabilidad, mientras crecen las licencias de chárter acaparadas por empresas extranjeras”.
Dichas sociedades con capital extranjero se benefician del “efecto perverso” de la exención del impuesto de matriculación, ya que sus embarcaciones cedidas en gestión pueden ser utilizadas por su propietario, algo que está prohibido a los residentes. “Se trata de una ley que beneficia a los inversores de fuera, al ofrecerles unas condiciones mucho más ventajosas. Los empresarios locales no jugamos con las mismas reglas y eso nos está llevando a una situación de colapso”.
Operan en las zonas de tránsito de los puertos
El ‘modus operandi’ de las empresas intrusas consiste en no tener puerto base y realizar las operaciones de embarque y desembarco en las zonas de tránsito de los puertos. La comisión de chárter de APEAM dice que de esta manera se ahorran en muchos casos tributar el IVA.
Por el contrario, las empresas locales tienen las bases de sus barcos en puertos de las Islas y conservan a gran parte de sus plantillas contratadas todo el año para las labores de mantenimiento e invernaje. “Pagamos salarios durante 12 meses y amarramos nuestras flotas en Baleares, mientras estas empresas oportunistas se marchan a otros destinos más económicos cuando acaba la temporada alta, en octubre, lo cual no es muy difícil porque aquí tenemos los amarres más caros del Mediterráneo”.
Los particulares que alquilan sus barcos fuera de la ley se han convertido en el otro gran problema del sector del chárter. “Ofrecen precios más baratos porque tienen los barcos en lista séptima y no están dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ni en el régimen de trabajadores autónomos”, lamentan los empresarios de chárter, convencidos de que estas embarcaciones tienen un “mantenimiento bastante dudoso” al no pasar los controles de seguridad y equipamiento que se exige a la flota profesional.
“En medio de este panorama resulta, sin embargo, que las autoridades españolas ejercen una presión brutal sobre nuestras empresas legales, dejando que los barcos ‘piratas’, ya sean españoles o extranjeros, campen a sus anchas”, protesta el representante de las chárter náuticas, que reconoce sentirse impotente ante la respuesta que les dan los organismos oficiales.
“Nos dicen que investiguemos nosotros y que les pasemos la información, cuando se trata de algo público y notorio. Esto demuestra que para las autoridades es más fácil perseguir con celo al empresario autóctono, por idioma y garantía de ejecución, que los verdaderos piratas. Y así nos va”, concluyen.
