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En el mismo paquete de medidas está la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación que operan en los sectores del agua, de la energía, los transportes y los servicios postales.
Desde la Comisión Europea la contratación pública se ve como una herramienta que contribuye a lograr el mercado único y permite impulsar el crecimiento económico en los Estados miembros.
Según la propuesta, la actualización de las Directivas relativas a la contratación pública debe responder a los siguientes principios:
– simplificar los procedimientos en interés de todos los operadores económicos;
– favorecer la participación de las PYME;
– garantizar los mejores resultados posibles en términos de relación calidad/precio;
– utilizar los fondos públicos de manera eficiente y transparente;
Visto desde una perspectiva española, y particularizando en el modelo de gestión portuaria, surge la diferencia de regímenes de explotación de los espacios portuarios, en especial a los plazos concesionales.
En la actualidad, existe una clara diferencia sobre las prácticas estatales respecto de los plazos concesionales otorgados por los Estados del norte de Europa con los del sur. Los criterios que los países del norte ofrecen a sus operadores logísticos siguen plazos concesionales de 70 a 90 años, duración que les da una ventaja competitiva evidente frente a todos aquellos concesionarios que, con las misma actividad y similar inversión, han de rentabilizarla en un periodo de sólo 35 años, sensiblemente menor.
La náutica deportiva está en la misma tesitura. La ley de costas tuvo que modificarse por la presión de las instancias europeas para proteger a los ciudadanos europeos.
Durante este mes de enero el parlamento europeo puede dar la sorpresa y, en aras de potenciar un mercado efectivamente común, pretender unificar criterios de contratación.
De las enmiendas presentadas ninguna es clara sobre los plazos máximos y mínimos. Pero el espíritu de la directiva será motivo de nueva reflexión para que nuestros poderes públicos valoren la necesidad de adaptar los plazos concesionales a los de nuestros competidores directos por la vía de la reforma de la ley de puertos del Estado.
Jaume Prats
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