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El efecto 2018, en lo que afecta a puertos deportivos, fue resuelto en Baleares, hace ya más de 12 años, mediante la ley 10/2005 de puertos de las islas Baleares, que ofreció antes de la modificación de la ley de costas de 2013 una solución beneficiosa para usuarios, sector, y administración, que permitía adaptar las concesiones incrementando plazo, a cambio de inversiones y un aumento de las tasas portuarias.
En base a la DT4, los concesionarios pueden optar entre el mantenimiento del título o renunciar al mismo y obtener un nuevo título por 30 años.
Por su parte, la comunidad Autónoma de las Islas Canarias introdujo en 2017 la disposición transitoria tercera a la LEY 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias que interpretaba el galimatías competencial y legislativo creado entre títulos, legislación estatal y legislación autonómica:
La ley canaria establece que el plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional.
Por otro lado, siguiendo los criterios de la ley de costas, el plazo total de duración, incluyendo tanto el periodo inicial de vigencia como el de las eventuales prórrogas que pudieran otorgarse no podrá exceder, en ningún caso, los setenta y cinco años desde la fecha de su otorgamiento.
Con estos antecedentes normativos de nuestras comunidades insulares, el camino a seguir no pude ser otro que aceptar la vigencia de los títulos otorgados por el Estado.
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en tener una ley de puertos, es de responsabilidad que después de 30 años de generarse un problema por la ley de costas y su reglamento, su parlamento acepte proponer una solución.
El 4 de Julio de 2018, el Parlamento Andaluz aprobó la Proposición de reforma de la Ley de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.
En la sesión se valoró la propuesta de toma en consideración de la Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, presentada por los Grupos PP. Socialista, Popular Andaluz y Ciudadanos.
El resultado de la votación fue 85 votos a favor, 19 votos en contra, ninguna abstención. Y por tanto, la proposición de ley, continuará su trámite parlamentario en la comisión pertinente.
José Carlos Martín, presidente de Marinas de Andalucía ha lanzado un mensaje de serenidad a la ciudadanía y a los grupos políticos ya que la aprobación del Parlamento Andaluz viene a reconocer unas concesiones otorgadas en su día por el Estado español.
Estaremos atentos al resultado parlamentario, porque de ello depende la seguridad de amarristas y titulares de negocios en todo el sistema portuario de Andalucía.
¡Nunca es tarde cuando la dicha es buena!
Jaume Prats
609 81 35 10
