La Comunidad Autónoma de Catalunya se suma a la carrera de adaptar su ley portuaria, y parece que la intención no pasa por el simple parcheado de la norma vigente, de 17 de abril 1998, sino que la propuesta del Departament de Territori i Sostenibilitat es la tramitación de una nueva ley.
El anteproyecto pretende adaptarse a la propuesta de plazos concesionales fijado por la ley 18/2014 para los puertos de interés general. Se regulan concesiones demaniales y contratos de concesión con un plazo máximo de 50 años con similares supuestos de prórrogas a los concesionarios que dependen de Puertos del Estado.
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Una advertencia, si la concesión es de servicio público sin obras, el plazo máximo seria de 25 años.
Precisamente el pasado 15 de abril de 2015 de celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) en la que se acordó hacer un seguimiento de la adaptación de la regulación portuaria estatal a la de cada Comunidad Autonómica. De momento, la propuesta de la administración portuaria catalana va por buen camino.
Uno de los puntos novedosos de anteproyecto es la pretendida clasificación de los puertos e instalaciones. Después de años en que las administraciones se empeñaran en convertir las instalaciones portuarias en simples parkings de embarcaciones, alguien se ha dado cuenta de que esta idea es inaceptable. Las clasificaciones ofrecen criterios que valoran el servicio al usuario. Debe facilitarse a cada instalación que pueda adaptar sus usos a efecto de mejorar el servicio. Lástima que los criterios se quieran dejar para un reglamento posterior.
El éxito de la futura ley pasa por la incorporación de nuevos usuarios.
El anteproyecto considera náutica popular la náutica de esloras que no superen los 8 metros, y hay una nueva oportunidad para replantear el actual modelo subvencionado.
Hoy, la náutica popular se confunde con la gestión directa de pequeñas esloras. El modelo ha generado bolsas de usuarios que se están beneficiando de domino público con autorizaciones que se renuevan anualmente de forma casi automática. Parece ser que hay listas de espera a los que jamás les llegará su turno, porque los que están tienen preferencia.
Después de 246 artículos de ley se podría dedicar más que un simple párrafo obvio de 2 líneas y media y una remisión reglamentaria por disposición adicional a la náutica que no supera los 8 metros de eslora.
El sector náutico necesita el impulso de la política con mayúsculas.
Veremos las alegaciones, y si hay tiempo para la tramitación parlamentaria antes de las elecciones del 27 de septiembre.
Jaume Prats
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